Fiscal General condenado: filtración del correo del novio de Ayuso

El expediente arranca en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En mayo de 2022 la Agencia Tributaria inicia pesquisas sobre Maxwell Cremona S.L.; el 22 de enero de 2024 presenta denuncia por delitos fiscales de 2020–2021. El 2 de febrero de 2024, el abogado Carlos Neira envía a la Fiscalía un correo proponiendo conformidad: reconocer dos delitos fiscales y pagar lo reclamado. Ese correo estaba sujeto a reserva y confidencialidad. La noche del 13 de marzo de 2024, tras una pieza de El Mundo sobre un supuesto pacto de la Fiscalía, el fiscal general Álvaro García Ortiz pide a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, los correos entre el fiscal Julián Salto y la defensa. Los recibe en su Gmail personal. Esa misma noche, la Cadena SER difunde el contenido del correo del 2 de febrero (González Amador ofreció declararse culpable). En la madrugada del 14, bajo instrucciones de García Ortiz, se prepara una nota de la Fiscalía con citas textuales de los correos; se publica a media mañana. En paralelo, Pilar Sánchez Acera (gabinete de Óscar López en Moncloa) reenvía el correo a Juan Lobato (entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid) para usarlo en el control a Ayuso. La UCO concluirá participación «preeminente» de García Ortiz en la filtración y documentará borrados de WhatsApp, cambio de móvil y eliminación de cuentas Gmail/Drive. La instrucción llega al Tribunal Supremo (aforamiento). El 9 de junio de 2025, el magistrado Ángel Luis Hurtado procesa a García Ortiz (y en la pieza paralela a Pilar Rodríguez) por revelación de secretos. El juicio histórico se celebra en noviembre de 2025. El 20 de noviembre de 2025, el Supremo le declara culpable: dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. Es el primer fiscal general del Estado de la historia de España condenado e inhabilitado. Renuncia el 24 de noviembre de 2025. Teresa Peramato le sustituye. El caso no es solo un delito de filtración: es el uso de la cúpula del Ministerio Fiscal —y de Moncloa— en la guerra política contra la principal rival del PP. Ayuso resumió la lectura de la oposición: «No es el fiscal general sino Sánchez quien se ha sentado en el banquillo». El presidente, en cambio, reiteró que García Ortiz «defendió la verdad» e instó a Ayuso a pedir perdón. El Supremo, al tiempo, cerró la vía de anular las causas fiscales de González Amador solo por la condena al fiscal. En 2026 el empresario sigue enjuiciado por el fraude (la Fiscalía de Madrid pide ~3 años y 9 meses) y esgrime la condena de Ortiz como vulneración de derechos; reclama su expulsión de la carrera fiscal.

• 2022: García Ortiz nombrado fiscal general en el ciclo de Sánchez
• 2 feb 2024: correo confidencial de la defensa ofreciendo conformidad por dos delitos fiscales
• 13–14 mar 2024: filtración a SER y nota de la Fiscalía con citas textuales; Moncloa reenvía el correo a Lobato
• UCO: participación «preeminente» de García Ortiz; borrados de WhatsApp y cuentas
• 9 jun 2025: auto de procesamiento del Supremo (Hurtado)
• Nov 2025: juicio histórico; 20 nov, condena por revelación de secretos
• Pena: 2 años de inhabilitación, 7.200 € de multa, 10.000 € a González Amador
• Primer fiscal general de España condenado e inhabilitado
• 24 nov 2025: renuncia; le sustituye Teresa Peramato
• Sánchez: «defendió la verdad»; Ayuso: «en ese banquillo se sentaba Sánchez»
• 2026: González Amador alega vulneración de derechos en su juicio por fraude

Moncloa y el PSOE enmarcaron la nota de la Fiscalía como desmentido de «bulos» del entorno de Ayuso y defendieron que se revelaba la verdad sobre un ofrecimiento de conformidad. Tras la condena, Sánchez reiteró que García Ortiz «defendió la verdad» e instó a Ayuso a pedir perdón y a Feijóo a asumir responsabilidades. Se barajó el recurso ante el Constitucional. El relato oficial niega una operación de Estado y habla de acoso mediático-político a la Fiscalía. La oposición habla de Fiscalía al servicio del Gobierno y de lawfare invertido.